Según Trump, ahora su Administración podrá seguir adelante en la aplicación de varias de sus políticas más controvertidas. En las que se incluyen “la eliminación de la financiación de las ciudades santuario, la suspensión del reasentamiento de refugiados, la congelación de fondos gubernamentales innecesarios; la prohibición de que los contribuyentes paguen cirugías transgénero y muchas otras prioridades del pueblo estadounidense”, indicó.
El mandatario también insistió en que el derecho, recogido en la Enmienda 14 de la Constitución, “tuvo que ver con los bebés de esclavos” y no con los hijos de los “miles de personas que están entrando en el país” debido a esta provisión constitucional.
“Los jueces han intentado apoderarse del poder ejecutivo, pero ya no pueden hacerlo”, indicó en esa misma comparecencia en la Casa Blanca la fiscal general estadounidense, Pam Bondi. Según la cual le corresponde al presidente hacer todo lo posible para luchar por el pueblo estadounidense y continuará haciéndolo.
La decisión de hoy sobre la orden ejecutiva de Trump no se refiere a los méritos del decreto en sí, sino que se circunscribe a la jurisdicción de los juzgados menores y a la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.
Esto podría repercutir en decenas de demandas contra los decretos del republicano, que regresó a la Casa Blanca en enero pasado con una redoblada política antiinmigración.
La orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento – cuya aplicación está en suspenso en todo el país mientras se revisan los casos. – deberá entrar en vigor 30 días después de la fecha del fallo, según la opinión del Supremo. EFE
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